Miles de familias migrantes en Estados Unidos enfrentan cada día un mismo dilema: la falta de recursos para defenderse ante un sistema migratorio complejo, costoso y muchas veces injusto. Para muchas de ellas, ser detenidas o recibir una orden de deportación no solo significa una posible separación familiar, sino también la imposibilidad de pagar un abogado que las represente.
Consciente de esta realidad, la American Civil Liberties Union (ACLU), en alianza con United We Dream y el Abundant Futures Fund, lanzó el Defending Our Neighbors Fund, un fondo millonario que busca ofrecer defensa legal gratuita a familias que enfrentan procesos de detención o deportación. La meta inicial es recaudar más de 30 millones de dólares, de los cuales una tercera parte ya ha sido reunida en los primeros días de la iniciativa.
Una respuesta ante el abandono institucional
El sistema migratorio estadounidense no garantiza representación legal gratuita en procesos de deportación, a diferencia del sistema penal. Esto significa que miles de personas, muchas de ellas mexicanas o latinoamericanas, deben enfrentar solas audiencias, trámites y procedimientos que definen su permanencia o expulsión del país.
De acuerdo con organizaciones civiles, más del 70 % de quienes no tienen abogado terminan siendo deportados, incluso cuando podrían tener derecho a permanecer por razones humanitarias, laborales o familiares. El fondo de ACLU busca revertir esa tendencia: asegurar que nadie pierda su caso simplemente por no poder pagar.
En palabras de la directora de ACLU, la iniciativa parte de un principio básico: “la justicia no debería depender del dinero”. La falta de acceso a representación legal no solo vulnera derechos, también perpetúa el miedo y el silencio en comunidades que ya viven bajo riesgo.
Una herramienta de esperanza y comunidad
Para las familias mexicanas y binacionales, el Defending Our Neighbors Fund representa más que un recurso financiero: es una red de acompañamiento y solidaridad. Las organizaciones que lo impulsan trabajan junto a grupos comunitarios locales para identificar casos, ofrecer orientación legal y generar apoyo emocional a quienes atraviesan procesos de deportación o detención.
Desde ALMA, reconocemos este tipo de esfuerzos como parte de una construcción más amplia de justicia: aquella que no se limita a las cortes, sino que se teje en los barrios, en las iglesias, en los centros comunitarios y en cada persona que decide no permanecer indiferente.
Porque la defensa legal no solo protege a quienes enfrentan un proceso, también fortalece a toda una comunidad que exige ser tratada con dignidad.
Participar y compartir: formas de resistencia
Aunque no todos podemos aportar recursos económicos, existen múltiples maneras de fortalecer este tipo de redes. Difundir información confiable, compartir recursos, orientar a quienes enfrentan procesos migratorios o simplemente acompañar emocionalmente a las familias afectadas también es parte de la defensa colectiva.
El Defending Our Neighbors Fund es un recordatorio de que la solidaridad sigue siendo la herramienta más poderosa frente a las políticas de exclusión. En un contexto donde las leyes cambian con frecuencia y las fronteras se vuelven más duras, estos fondos no solo brindan asistencia legal: mantienen vivo el principio de humanidad que sostiene a nuestras comunidades.
Porque nadie debería enfrentar la deportación en soledad.